Avanza seguimiento a prestación del servicio educativo en el Catatumbo

 

La Mesa de Educación en Emergencia sesionó este miércoles, de manera extraordinaria, para conocer en detalle las difíciles situaciones que enfrentan las comunidades educativas en el Catatumbo, como consecuencia del enfrentamiento entre los grupos insurgentes que se mantienen en la zona.

En el encuentro se conoció que los estudiantes de las sedes Vijahual (Teorama), Santa María (Convención), Dosquebradas (El Carmen) y La Pacheca (Hacarí) no pudieron retomar sus clases el pasado 9 de julio, tras el periodo vacacional, como los demás menores del departamento.

“Los reportes que tenemos de los directivos docentes es que se está presentando una suspensión de clases debido a problemas de orden público. Tenemos dos sedes que están rodeadas de minas y en las otras dos los combates son muy cercanos”, aseguró María Fabiola Cáceres Peña, secretaria de Educación.

La funcionaria precisó que la situación está afectado el derecho a la educación de 53 niños. Y desde la Mesa de Educación en Emergencia se está analizando qué alternativas se tienen para garantizar el servicio a los alumnos, velando por su seguridad y la del cuerpo docente.

“Por ahora los directivos deben seguir reportando cómo transcurre la situación. Haremos una nueva reunión el 17 de agosto, en Ocaña, con la presencia de los alcaldes, personeros y comunidades, para programar unas visitas a estas zonas de conflicto y determinar cómo se le puede ofrecer la educación a estos niños”, informó Cáceres Peña.

Desde el pasado 14 de marzo, cuando se presentaron alteraciones en la prestación del servicio en centros educativos rurales de siete municipios del Catatumbo, por causa de enfrentamientos entre grupos insurgentes, la Secretaría de Educación de Norte de Santander ha venido haciendo un detallado seguimiento a la situación escolar.

Este seguimiento se ha mantenido sede por sede, con el apoyo del Consejo Noruego para Refugiados, lo que ha permitido identificar casos de amenazas a docentes, infracción a los derechos humanos, instalación de artefactos explosivos alrededor de escuelas, reclutamiento, utilización y delitos sexuales, deserción escolar y afectaciones a la infraestructura educativa.

Ante estas circunstancias se han ejecutado estrategias de prevención como el plan de educación en riesgo para docentes, padres de familia y estudiantes, ante la manipulación de minas y trampas explosivas.

Al finalizar el encuentro, la Secretaria solicitó al Gobierno Nacional una intervención inmediata en la resolución de este conflicto con los dos grupos armados en la zona.